El impuesto mínimo complementario doméstico (IMCD) tiene efectos diferentes sobre las empresas de zonas francas según el país de origen de sus inversiones y las reglas tributarias aplicables, explicó Eliana Sartori, directora del Área de Servicios Tributarios, Legales y Contables de PwC Uruguay y asesora de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY). La especialista advirtió sobre la sensibilidad de los servicios ante cambios en los incentivos fiscales, según un comunicado de la cámara.

La Universidad de Montevideo (UM) y King’s College London organizaron la conferencia con apoyo de la CZFUY. Los participantes analizaron la aplicación local del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, que busca una tributación mínima efectiva del 15 % para determinados grupos multinacionales.

Sartori explicó que el efecto puede ser neutro para grupos cuyas casas matrices estén en jurisdicciones que apliquen las reglas internacionales de tributación mínima, siempre que el impuesto uruguayo sea reconocido como calificado dentro de ese sistema. Precisó que esa situación varía entre empresas, por lo que la procedencia de las inversiones influye en el resultado.

Los servicios representan el 63 % de las exportaciones desde zonas francas, de acuerdo con los datos que presentó Sartori. «Los servicios son el sector que más rápido se desarma si hay cambios en los regímenes, es el más móvil», advirtió. La asesora sostuvo que Uruguay debe evaluar sus incentivos fiscales por su incidencia en el empleo y la captación de inversiones.

Leopoldo Parada, profesor de Derecho Tributario de King’s College London, advirtió sobre las consecuencias jurídicas y económicas de modificar las condiciones bajo las cuales las empresas decidieron invertir. «La previsibilidad de las reglas constituye un elemento relevante para la confianza de los inversores y los cambios pueden generar incertidumbre sobre las condiciones futuras», señaló.

Catalina Camejo, docente del Postgrado en Tributación Internacional de la UM y funcionaria de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva, explicó que el marco normativo prevé compensaciones para determinados usuarios con cláusulas de estabilidad fiscal afectados por aumentos impositivos derivados de nuevas reglas. Esos mecanismos buscan atender los compromisos asumidos por el Estado, indicó. «El principal desafío se encuentra en las nuevas inversiones», apuntó.

Sartori planteó que Uruguay mantiene otras herramientas para atraer capitales. Mencionó los incentivos para la industria audiovisual incluidos en la Ley de Presupuesto, que prevén devolver un porcentaje de la inversión realizada.