El caso de las arroceras uruguayas y la lucha por la salud

En Uruguay, el tema de la salud laboral ha tomado un giro preocupante, especialmente en el sector arrocero.

Los trabajadores de estas plantaciones se enfrentan a riesgos para su salud debido al uso intensivo de agroquímicos.

Este problema no es nuevo; ha sido objeto de estudio por investigadores de la Universidad de la República (Udelar) y ha generado preocupación en la sociedad civil durante las últimas décadas.

El caso de Julio de los Santos

Uno de los casos más emblemáticos es el de Julio de los Santos, un trabajador de una arrocera en Treinta y Tres.

Su salud se vio gravemente afectada durante su tiempo en la empresa, llevándolo a una incapacidad laboral permanente.

La demanda legal, llevada por el abogado y docente de la Udelar, Santiago Mirande, fue un proceso largo que culminó en una histórica sentencia a favor de De los Santos en 2021.

Esta decisión, aunque luego fue revocada por el Tribunal de Apelaciones y confirmada por la Suprema Corte de Justicia, marcó un precedente en la lucha por los derechos de los trabajadores frente a los daños ocasionados por agroquímicos.

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Barreras y desafíos en la denuncia de riesgos laborales

El camino para denunciar estas condiciones no es fácil. Los trabajadores enfrentan no solo barreras psicosociales y de contexto, sino también un hostigamiento palpable por parte de las empresas y, a veces, de sus propios compañeros.

Un estudio de la Udelar destaca que los trabajadores suelen sentirse culpables al denunciar, temiendo perjudicar la fuente de trabajo de otros. Además, enfrentan obstáculos en un sistema que, a menudo, no proporciona respuestas adecuadas a sus denuncias.

Un marco legal insuficiente y la necesidad de reformas

El marco legal uruguayo actual, que data de fines de los años 80 y principios de los 90, muestra deficiencias significativas para abordar estos casos complejos.

Las leyes no están adaptadas para procesar reclamaciones laborales relacionadas con daños a la salud tan complejos como los causados por agroquímicos.

Por otro lado, Uruguay, a pesar de adherirse a normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú, no ha implementado adecuadamente disposiciones clave como la inversión de la carga de la prueba en casos de afectación por agroquímicos.

Propuestas y esperanzas futuras

Mirande sugiere que se debe mejorar el control sobre las instituciones encargadas del monitoreo y denuncias, así como el Poder Judicial y Legislativo, para asegurar el cumplimiento de las regulaciones existentes.

Propone un nuevo sistema de derecho de daños, en el que el Estado repare inicialmente todo daño a los trabajadores y luego proceda contra la empresa responsable.

Este cambio estructural podría ofrecer una solución más justa y eficiente para los trabajadores afectados.

El caso de los trabajadores de arroceras en Uruguay pone en evidencia la urgente necesidad de un sistema más efectivo y justo para la protección de la salud laboral.

El caso de Julio de los Santos, aunque no resultó favorable en su última instancia, abre un camino hacia el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos por trabajadores en condiciones de riesgo.

La lucha continúa, ahora en la arena internacional, con la esperanza de un futuro más justo para los trabajadores uruguayos.

— Fuente: Portal de la Universidad de la República. Foto de portada:  Ashutosh Sonwani.