Desafío legal por reforma gubernamental sin consenso en el sector agropecuario
Según comunica el PIT-CNT en su sitio web, el sector público uruguayo se encuentra en el centro de la polémica debido a un recurso de revocación presentado por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) en contra de la reciente reestructuración propuesta por el gobierno.
Hechos claves
- AFGAP desafía el Decreto 311/2023 por vulnerar derechos laborales y la negociación colectiva.
- La reestructuración del MGAP criticada por no atender las necesidades operativas ni laborales.
- Más de 300 funcionarios apoyan el recurso de AFGAP contra la reestructura inconsulta.
- El recurso destaca la afectación de competencias esenciales y derechos de carrera administrativa.
- La falta de respuesta gubernamental podría llevar el caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Un giro inesperado en la gestión pública
La controversia comenzó con la introducción del Decreto 311/2023, que propone una reestructuración en la administración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Según Carolina Arcuri, presidenta de AFGAP, el gobierno procedió con cambios estructurales que, en su opinión, no solo lesionan derechos adquiridos de los trabajadores, sino que también comprometen la efectividad y la integridad del Ministerio.
Arcuri critica la reforma por no abordar adecuadamente las necesidades operativas del Ministerio ni las preocupaciones de sus funcionarios, agravando la situación con una gestión de personal que considera deficiente.
Principales inquietudes planteadas
El documento de revocación presentado destaca tres ejes principales de agravio.
Primero, se señala que la reestructura afecta directamente los fines y competencias esenciales del MGAP, comprometiendo su rol regulador en temas de interés nacional.
Segundo, se argumenta que la reforma perjudica derechos fundamentales de los trabajadores, impactando negativamente en la carrera administrativa y en la estabilidad laboral.
Finalmente, se acusa a la administración de incumplir flagrantemente la Ley Nro. 18.508 de Negociación Colectiva, privando a los empleados de un proceso de diálogo y acuerdo esencial para la implementación de cambios en el sector público.
El camino a seguir
La AFGAP, respaldada por más de 300 funcionarios, ha tomado medidas legales para contrarrestar lo que considera una violación de derechos laborales y procedimientos legales.
En caso de que el Poder Ejecutivo no responda favorablemente a sus reclamos, la asociación está preparada para escalar el asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), buscando la nulidad del acto administrativo en cuestión.
— Fuente y foto de portada: PIT-CNT.
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