Abogados de oficio gratis en Uruguay

En este informe, exploraremos el trabajo realizado por los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Estos consultorios se dedican a brindar asesoramiento y defensa legal a personas con recursos económicos limitados, en colaboración con las Defensorías Públicas del Poder Judicial. 

Hechos claves

Consultorio Jurídico y el nuevo CPP

El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho se encuentra ubicado en el barrio Goes de Montevideo, en la sede de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE).

Esta entidad fue creada en 2017 gracias a un acuerdo entre ASFAVIDE, la Udelar y el Ministerio del Interior.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) ha introducido un cambio significativo en el sistema judicial uruguayo. El nuevo régimen es de carácter acusatorio, adversarial, oral y público, lo cual representa un desafío para la sociedad y los profesionales del derecho.

La profesora Suárez destaca que, tras cinco años de aplicación, todavía existen cuestiones relacionadas con la nueva normativa que no se han asimilado por completo y generan resistencia. En su opinión, y según recoge el portal de la UDELAR, es necesario recibir formación y tener la disposición para adaptarse al nuevo sistema con el fin de que funcione de manera efectiva.

De acuerdo con el CPP, se proporcionará asistencia legal a las víctimas de bajos recursos económicos a través de defensores públicos o consultorios jurídicos de universidades públicas o privadas.

En este contexto, el rol de la Udelar se presenta como una respuesta necesaria para satisfacer las necesidades de implementación del nuevo sistema. Suárez resalta que esta disposición es coherente con la naturaleza y los objetivos principales de la Universidad, los cuales no se limitan únicamente a la educación en el aula, sino que también buscan generar conocimiento a través de proyectos de investigación y extensión.

El consultorio jurídico se propone devolver a la comunidad y abordar una necesidad social importante: garantizar el derecho a la asistencia legal de las personas con menos recursos.

La extensión universitaria desempeña un papel fundamental en la formación de los estudiantes de derecho. Suárez enfatiza que no se puede permitir que un profesional se gradúe sin haber tenido la oportunidad de acercarse a la práctica legal, no solo como observador en audiencias, sino también desempeñando un papel activo. 

Garantizando la defensa de los menos favorecidos

Según Suárez, es fundamental para la sociedad que la Universidad asuma la responsabilidad de brindar asistencia legal a personas que, en muchos casos, no podrían permitirse contratar a un abogado.

El acceso a una defensa legal está estrechamente relacionado con los derechos humanos. Si no se garantiza el derecho al acceso a la justicia, a presentar reclamaciones en caso de sufrir daños, a proponer pruebas y a ser escuchado, entonces esos derechos carecen de valor. 

El concepto de "interseccionalidad" se refiere a la combinación de múltiples condiciones de discriminación y vulnerabilidad que afectan a las personas de bajos recursos económicos.

Es importante destacar que el consultorio jurídico no discrimina a las personas que buscan ayuda en función de sus opiniones políticas, actitudes o expresiones. Discriminar es un delito, y el consultorio respeta la libertad de expresión.

Cada individuo es responsable de sus palabras y actos. Las víctimas pueden expresarse con fuerza y no por eso dejan de ser víctimas.

El objetivo principal del consultorio es brindar apoyo y asesoramiento legal a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su situación o circunstancias personales.

Atención de delitos de abuso sexual a menores

Uno de los casos más delicados y sensibles que se abordan en el consultorio es el de los delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La profesora Suárez y el profesor Williman están llevando a cabo investigaciones en esta área, centrándose en determinar si ha habido un aumento en el número de casos de abuso sexual o si simplemente se ha producido un incremento en las denuncias.

En el pasado, muchas de estas situaciones dañinas para las personas menores de edad no eran consideradas delitos. Las primeras normas que protegieron a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y el abuso sexual surgieron después de un caso en el que una menor fue protegida invocando una ley de protección de los animales en Estados Unidos. Este hecho se menciona en sentencias judiciales y es utilizado con frecuencia por abogados en Uruguay y en el consultorio para la defensa en casos de este tipo.

En Uruguay, el delito de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes está contemplado en el artículo 4 de la Ley Nº 17.815 de 2004, que penaliza el pago o la promesa de una ventaja económica u otra naturaleza a menores de edad a cambio de actos sexuales o eróticos. Sin embargo, surge un problema cuando el acusado ha cometido acciones de este tipo no solo después de 2004, sino también anteriormente. En esos casos, es necesario determinar cómo se clasificarán esos delitos que aún no estaban tipificados por ley. Los abogados deben analizar si los hechos se ajustan a otras figuras delictivas.

Según la profesora Suárez, la protección de las víctimas de explotación sexual es un deber fundamental del Estado en términos de "debida diligencia", que implica la prevención, investigación y sanción de los casos relacionados con la trata de personas, tanto de adultos como de menores.

Esta protección es especialmente relevante para los menores víctimas de este delito, ya que en su mayoría son personas vulnerables que han experimentado situaciones de vida muy difíciles.

En estos casos, siempre existe una asimetría de poder entre la víctima y el perpetrador del delito, generalmente un adulto que ofrece una retribución económica para engañar o convencer a los menores.

Prescripción de delitos

En Uruguay, se está debatiendo si los casos de abuso sexual cometidos en el pasado pueden ser juzgados o no. Las divergencias en torno a esta cuestión se refieren al momento a partir del cual se inicia el plazo de imputación de los delitos, lo que modificaría el momento en que estos delitos prescriben.

En este sentido, la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género introdujo una modificación al artículo 119 del Código Penal, estableciendo que, en los casos en que la víctima haya sido una niña, un niño o un adolescente, el plazo de prescripción se suspende hasta que, habiendo alcanzado la mayoría de edad, la víctima presente la denuncia por sí misma o ratifique la denuncia formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.

También se establece que, en caso de que la víctima haya fallecido como consecuencia de alguno de estos delitos, el plazo se computa a partir del día en que la niña, el niño o el adolescente hubiera cumplido la mayoría de edad.

Otra cuestión que se plantea en relación con estos casos es si la norma de prescripción actual puede aplicarse retroactivamente. La profesora Suárez sostiene que sí es posible, dado que el deber del Estado surge antes de las leyes nacionales, a partir de normas internacionales que son anteriores.

Asesoramiento de los Consultorios Jurídicos de la UDELAR

Los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Udelar desempeñan un papel fundamental al brindar asistencia letrada a personas con menos recursos económicos.

Su trabajo en colaboración con las Defensorías Públicas del Poder Judicial contribuye a garantizar el acceso a la justicia y a proteger los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad.

A través de la implementación del nuevo CPP, estos consultorios se han adaptado a los cambios en el sistema judicial y han asumido un papel activo en la defensa de las víctimas.

La atención de delitos de abuso sexual a menores es un aspecto destacado de su labor, y la prescripción de estos delitos es un tema que se encuentra en constante debate y evolución.

En definitiva, los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho demuestran el compromiso de la Universidad de la República con la justicia y el acceso equitativo a la asistencia legal.